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¿Cuándo será obligatoria la factura electrónica B2B?
La factura electrónica entre empresas será obligatoria el 6 de octubre de 2027 para quien facture más de 8 millones y un año después para el resto de empresas.

La obligación de emitir y recibir facturas electrónicas en las operaciones entre empresas y profesionales ya tiene fechas. Las empresas cuyo volumen de operaciones a efectos del IVA superó los 8 millones de euros el año anterior deberán cumplirla desde el 6 de octubre de 2027. El resto de empresarios y profesionales, incluidos los autónomos, tendrán que hacerlo desde el 6 de octubre de 2028. El calendario empezó a contar el 6 de octubre de 2026, cuando entró en vigor la orden ministerial que regula la solución pública de facturación electrónica. Así lo detalla la Agencia Tributaria en su calendario de implantación, actualizado el 13 de octubre de 2026.
Respuesta breve: si su empresa factura más de 8 millones de euros, le queda menos de un año. Si es una pyme o un autónomo por debajo de ese umbral, tiene hasta octubre de 2028 para emitir y recibir facturas electrónicas, y hasta 2028 o 2029 para informar del estado de esas facturas, según su forma jurídica.
De dónde sale la obligación
La base legal es el artículo 12 de la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece). Ese artículo reescribió el artículo 2 bis de la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. El texto establece que «todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales». Además, emisor y destinatario «deberán proporcionar información sobre los estados de la factura».
La disposición final octava de esa ley fijó el esquema de plazos: un año después del desarrollo reglamentario para quienes facturen más de 8 millones de euros y dos años para el resto. El desarrollo llegó con el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, publicado en el BOE el 31 de marzo de 2026, y con la Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, publicada el 5 de octubre, según la relación de normativa de la Agencia Tributaria.
El calendario completo
Según la Agencia Tributaria, la reforma incluye dos obligaciones distintas con plazos diferentes:
- Emitir y recibir factura electrónica: desde el 6 de octubre de 2027 para las grandes empresas (más de 8 millones de euros de volumen de operaciones) y desde el 6 de octubre de 2028 para todos los demás.
- Comunicar el estado de las facturas y de los pagos: desde el 6 de octubre de 2027 para las grandes empresas; desde el 6 de octubre de 2028 para el resto de personas jurídicas y entidades, y desde el 6 de octubre de 2029 para las personas físicas (autónomos) y las entidades en régimen de atribución de rentas.
Durante sus primeros 12 meses de obligación, las grandes empresas deberán acompañar cada factura electrónica de un PDF que garantice que la pueden leer los clientes que todavía no están obligados. Las plataformas privadas de intercambio de facturas tendrán obligaciones propias desde el 6 de octubre de 2027.
Qué garantiza la ley al receptor
El artículo 2 bis de la Ley 56/2007 incluye varias garantías para quien recibe las facturas:
- Las plataformas de facturación electrónica deben garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas con las demás soluciones.
- El receptor no puede obligar al emisor a usar una plataforma o un proveedor concreto.
- Durante cuatro años desde la emisión, el destinatario puede pedir copia de las facturas sin coste adicional.
Además, la Agencia Tributaria ofrecerá una Solución Pública de Facturación Electrónica, regulada por la Orden HAC/1028/2026.
Cómo se relaciona con Verifactu
Son obligaciones distintas. La factura electrónica B2B regula el formato y el intercambio de facturas entre empresas. Los requisitos de los programas de facturación (Verifactu) proceden del artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria, al que remite el propio artículo 2 bis: los sistemas que gestionen y conserven las facturas electrónicas deberán respetar también esos requisitos.
Este artículo ofrece información general y no constituye asesoramiento fiscal, legal ni financiero. Consulte su caso con un profesional cualificado.


